Con estas cuestiones, realizadas por todos los diputados del PP en la Comunidad Valenciana y la portavoz adjunta, Sandra Moneo, los populares quieren conocer “si el Gobierno de España tiene constancia de la labor fiscalizadora que ejerce la Consejería de Educación de la Generalitat valenciana sobre los hábitos y costumbres lingüísticas de los escolares y sus familias”.

Además, el PP ha reclamado al Ejecutivo que recabe información “sobre las atribuciones de dichos ‘asesores’, y aclare si se han respetado los derechos fundamentales y requisitos legales que garantizan la libertad individual”. Además, insta a adoptar las medidas necesarias “que impidan que se destinen recursos públicos a la labor fiscalizadora sobre los hábitos y costumbres lingüísticas de los escolares de la Comunidad valenciana y sus familias”.

El PP recuerda al Gobierno que existe doctrina del Tribunal Constitucional en materia lingüística en la Comunidad Valenciana y “el derecho a expresarse y relacionarse con las Administraciones Públicas en las dos lenguas oficiales de la región”.