La iniciativa, impulsada por CiU, se aprobó por unanimidad, y según dijo la portavoz del Grupo Catalán en esta comisión, Conxita Tarruella, su objetivo es "evitar males futuros", ya que, explicó, "la venta de gafas premontadas en establecimientos no sanitarios no cuenta con el análisis previo del profesional ni el consejo y asesoramiento adecuado".

Concretamente, la proposición insta al Gobierno, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "a tomar las medidas oportunas para que, desde las Comunidades Autónomas se lleven a cabo las labores de vigilancia y control de la comercialización de productos sanitarios de Clase I, como las gafas premontadas".