Ante esta situación, Sánchez exigió “cambios” en la legislación vigente para hacer que los periodos con los que cuentan las administraciones para realizar controles en las empresas de la cadena alimentaria “sean de obligado cumplimiento”.

En rueda de prensa, señaló que la periodicidad con la que se llevan a cabo dichas inspecciones “no puede ser flexible”, por lo que insistió en la urgencia de “endurecer la ley” en torno a los planes de inspección autonómicos.

El portavoz de la organización de consumidores hizo referencia, en este sentido, a un informe de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea que, a finales de 2017, expuso esta "flexibilidad" en planes de inspección como el aprobado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, aunque no la consideró contraria al reglamento europeo.