Caamaño respondía de esta forma a la preocupación del diputado del PNV Emilio Olabarria, quien le reprochó que la partida destinada a la defensa de los españoles condenados a muerte en el extranjero "ha desaparecido" de los Presupuestos Generales del Estado.

El titular de Justicia le recomendó que "no se preocupe" y le aseguró que el Gobierno da "apoyo individualizado" a todos los españoles en esa situación y mantiene la dotación económica del fondo destinado a su defensa jurídica creada en 2009.

Las gestiones del Ejecutivo han sido "eficaces", según Caamaño, como queda patente al comprobar que en 2008 había 5 españoles condenados a muerte en el extranjero, y hoy sólo se encuentra en esa situación Pablo Ibar.

Olabarría recordó que su condena a muerte se debió casi exclusivamente a la "deficiente defensa" que tuvo el jóven vasco en el primer proceso judicial al que se enfrentó.

En ese sentido, el ministro explicó que el Gobierno ha destinado a la defensa de Ibar un total de 110.000 euros, 60.000 el año pasado y 50.000 en 2010. Además, la Administración hace un seguirmiento regular e intenso de su situación personal, de la marcha del proceso judicial y mantiene relaciones con las autoridades norteamericanas.