La coalición incluye a Acción Solidaria, Amnistía Internacional, Centro Derechos Humanos - Universidad Católica Andrés Bello, Cepaz, Civilis Derechos Humanos, CofavicC, Comisión Internacional de Juristas, Espacio Público, Global Centre for the Responsibility to Protect, Human Rights Watch, y Provea.

"La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional. Ya es hora de que el organismo de derechos humanos de la ONU tome pasos decisivos, anteponiendo a las víctimas, para abordar la crisis de derechos humanos sin precedentes que continúa profundizándose en el país. Mientras tanto, millones huyen del país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene tiempo que perder", señaló en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En su declaración, la coalición de organizaciones de derechos humanos explica la situación actual en Venezuela y por qué una comisión de investigación es la mejor respuesta que la comunidad internacional puede ofrecer a las víctimas.

Así, el documento explica que las autoridades venezolanas han detenido arbitrariamente a más de 15.000 personas desde 2014, incluidos cientos de civiles que fueron procesados en tribunales militares, y que más de 8.500 obtuvieron la libertad condicional, pero siguen sujetos a procesos penales.

Ademas, añade que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra detenidos que en algunos casos constituyen tortura, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abuso sexual. "Estos abusos han sido parte de un patrón sistemático de abusos por las fuerzas de seguridad, que actuaron en colaboración con grupos armados partidarios del gobierno, que en Venezuela se conocen como 'colectivos'", precisa.

En 2018 y en los primeros cinco meses de 2019, según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, casi 7.000 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad venezolanas en supuestos casos de “resistencia a la autoridad”, en el contexto de operativos de seguridad pública.

"Una comisión de investigación de la ONU podría jugar un papel fundamental para lograr que se conozca la verdad y las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela obtengan justicia y reciban una reparación adecuada. También contribuiría a promover la rendición de cuentas y alentar políticas que respeten los derechos fundamentales. Una iniciativa de esta naturaleza podría tener un importante efecto disuasivo para evitar otras graves violaciones de derechos humanos y posibles atrocidades masivas durante la crisis que persiste en el país", indican las organizaciones.

DENUNCIAS

La declaración subraya que la comisión de investigación sobre Venezuela debería investigar denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela, incluidas, entre otras, las violaciones asociadas con torturas y trato inhumano, detención arbitraria, discriminación, violaciones a la libertad de expresión, violaciones del derecho a la vida y desapariciones forzadas, así como violaciones de los derechos a la salud y la alimentación.

"Con respecto a las violaciones de los derechos a la alimentación y la salud, la comisión debería identificar las causas de la grave falta de acceso de los venezolanos a servicios de salud, medicamentos y alimentos adecuados que subyace a la emergencia humanitaria, así como quiénes son los responsables", resalta.

El texto precisa que esa comisión no reemplazaría las investigaciones penales de delitos específicos, pero la información que recabe puede ser relevante para procedimientos penales. "Su mandato debería incluir compartir pruebas con autoridades judiciales competentes para determinar la posible responsabilidad penal individual, siempre que exista consentimiento y existan garantías de debido proceso, incluyendo el derecho a un juicio justo y medidas para proteger a testigos y víctimas", indica.

La declaración señala que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería dotar a la comisión de investigación de "un mandato sólido y claramente definido, además de recursos suficientes para investigar e informar al consejo sobre este tipo de violaciones dentro de un plazo determinado", y transmitir sus conclusiones a otros órganos relevantes de la ONU, como el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Secretaría, a través de su secretario general.