La directora ejecutiva del Pnuma, Inger Andersen, y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, coincidieron en que, aunque más de 150 países han reconocido el derecho humano a un medio ambiente sano en sus constituciones, leyes nacionales y jurisprudencia, o mediante acuerdos regionales, se necesita mucho más trabajo para informar a los responsables políticos, a las instituciones de justicia y a los ciudadanos sobre las diversas formas en que pueden tomar medidas para defender este derecho, según informaron ambos organismos de Naciones Unidas en un comunicado.

La cooperación reforzada entre el Pnuma y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU tendrá como objetivo impulsar una mejor protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente y sus familias, que con frecuencia se enfrentan a la violencia, incluidos asesinatos, violencia sexual, campañas de difamación y otras formas de intimidación.

El acuerdo también alentará una mayor aceptación por parte de los líderes y los gobiernos del derecho humano a un medio ambiente saludable con el fin de buscar esfuerzos para su reconocimiento global, y pretende aumentar el apoyo a los gobiernos nacionales para promover políticas basadas en los derechos humanos, particularmente en términos de gestión sostenible de los recursos naturales, planificación del desarrollo y acciones para combatir el cambio climático.

DERECHOS PROTEGIDOS

Las dos organizaciones ahora trabajarán más de cerca para analizar las amenazas contra los defensores de los derechos ambientales, abogar por una mejor protección, instar a una rendición de cuentas más efectiva para los perpetradores de violencia e intimidación, desarrollar redes de defensores ambientales de los derechos humanos y promover la participación significativa e informada de los defensores de los derechos y la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales.

"Un ambiente saludable es vital para cumplir nuestra aspiración de asegurar que las personas en todas partes vivan una vida digna. Debemos frenar la tendencia emergente de intimidación y criminalización de los defensores de la tierra y el medio ambiente, y el uso de leyes contra las protestas y el terrorismo para criminalizar el ejercicio de los derechos que deberían ser protegidos constitucionalmente", apuntó Andersen.

Por su parte, Bachellet recalcó que "nuestro planeta está siendo destruido imprudentemente y necesitamos urgentemente asociaciones mundiales más fuertes para tomar medidas para salvarlo". "Llamamos a los líderes y gobiernos para que reconozcan que el cambio climático y la degradación ambiental socavan severamente los derechos humanos de sus pueblos, particularmente aquellos que están en situaciones vulnerables, incluidas las generaciones del mañana", agregó.

Algunos informes sugieren que cada semana fueron asesinados más de tres defensores ambientales durante el año pasado, lo que muestra los peligros a los que se enfrentan quienes defienden sus derechos humanos y ambientales en los sectores de la minería, la tala y la agricultura, así como en otras industrias extractivas.