Según calcula UGT, a finales de este año 2010 serán más de 280.000 los procesos de ejecución hipotecaria que podrían afectar a más de un millón de ciudadanos.

"Por tanto, existen motivos suficientes, tanto por la magnitud del problema como por las consecuencias del mismo para intervenir urgentemente en la búsqueda de alternativas a los desahucios, embargos y ejecuciones hipotecarias que se están produciendo", señala el sindicato que lidera Cándido Méndez.

En este sentido, exigen a los poderes públicos que dentro de sus competencias cumpla el mandato constitucional de promover las condiciones necesarias y el establecimiento de normas que eviten la pérdida del derecho a la vivienda y las situaciones de exclusión social de estos ciudadanos.