Según los cambios que introduce el decreto que ayer convirtió en ley el Parlamento italiano, las multas para embarcaciones privadas que realicen rescates de personas y no respeten la prohibición de entrada en aguas territoriales se incrementarán hasta un millón de euros como máximo. Además, a partir de ahora las embarcaciones serán automáticamente confiscadas.

En su comunicado, Acnur se mostró muy preocupada ante el hecho de que la imposición de sanciones económicas o de otro tipo "pueda disuadir u obstaculizar las actividades de rescate en el mar por parte de embarcaciones privadas, en un momento en que los Estados europeos han abandonado en gran medida los esfuerzos de rescate en el Mediterráneo central".

Según Acnur, "las ONG desempeñan un papel sumamente importante para salvar las vidas de los refugiados y migrantes que afrontan esta peligrosa travesía marítima hacia Europa. El compromiso y la humanidad que motivan sus actividades no deben ser criminalizados ni estigmatizados".

Del mismo modo, rechazó que se empuje a las ONG y los buques comerciales a transferir a las personas rescatadas a la Guardia Costera de Libia o a desembarcarlas en ese país. A su juicio, "la situación de seguridad extremadamente volátil, el conflicto en curso, los informes generalizados de violaciones de los derechos humanos y el uso rutinario de la detención arbitraria para las personas desembarcadas en Libia demuestran que no es un lugar donde la seguridad sea viable".

Por eso, instó a los Estados a establecer un acuerdo temporal y predecible para el desembarco de personas rescatadas en el mar, caracterizado "por la responsabilidad compartida de acoger y responder a sus necesidades". "Las conversaciones de París fueron esperanzadoras y, en interés de todos, deberían progresar aún más", concluyó Acnur.