En Líbano, país que no firmó la Convención de los Refugiados, los huidos están viviendo en asentamientos informales ante la falta de construcción de un campamento oficial. A mediados de abril, el Alto Comité de Defensa emitió una orden que establecía que toda estructura construida sin permiso debía ser demolida, lo que amenazaba a 2.500 construcciones en Aarsal, al este del país.

Acción Contra el Hambre criticó esta decisión porque, en la práctica, afecta a unos refugios donde se estima que residen 1,5 millones de personas sirias desde que empezó el conflicto en 2011.

"Esto es solo un síntoma más del creciente ambiente coercitivo que afronta la población siria en Líbano, que menoscaba su dignidad y que podría empujarles a un retorno prematuro hacia Siria, sin que su seguridad pueda ser garantizada. El riesgo de encontrar dispositivos sin detonar o de retornar a lugares totalmente destruidos donde necesitarían apoyo para reanudar sus vidas, son algunas de las razones por las que desaconsejamos rotundamente un retorno prematuro”, declaró hoy Chiara Saccardi, responsable regional de Acción contra el Hambre para Oriente Medio.

La organización explicó que muchas familias están usando sus escasos medios de vida para alquilar los equipamientos necesarios para cumplir la orden o contratar a empleados que les ayuden (a 15€ al día, los gastos medios en el área son 60€ al mes de media). Pero la mayoría están sustentadas por madres o mujeres viudas no pueden afrontar estos gastos. “Los desmantelamientos están obligando a muchas personas a dormir al aire libre, con el consecuente riesgo para niñas y mujeres de sufrir abusos sexuales, o en refugios inseguros. “Esta no será una opción el próximo invierno, cuando las temperaturas probablemente caigan bajo cero”, agregó Saccardi.

Los escombros (9.537 m3 a mediados de julio) son también un importante inconveniente, según Acción Contra el Hambre. Su retirada es limitada en las zonas afectadas, dificultando la movilidad de los refugiados y el suministro de ayuda humanitaria, lo que conlleva un riesgo para la salubridad por la presencia de serpientes y ratas.

La organización aseguró que la orden de desmantelamientos es sólo una más de las presiones que recibe la población siria refugiada en Líbano, que continúa siendo el país con más refugiados per cápita (uno de cada cuatro habitantes). “Las crecientes dificultades de los refugiados para obtener el permiso de trabajo es también un factor adicional de la inseguridad del retorno. Un desenlace que podría ser el peor para una crisis que ha menoscabado enormemente la dignidad de la población Siria durante ocho años”, concluyó Chiara Saccardi.