La institución ya formuló en 2004 una recomendación en el mismo sentido que fue rechazada. Cinco años más tarde fue aceptada parcialmente cuando la Ley Orgánica 2/2009 incorporó a la ley de extranjería un precepto que otorga rango legal a la protección de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

En la actualidad, el Defensor explicó que recibe incesantes quejas de ciudadanos extranjeros que acuden a denunciar haber sido víctimas de un delito y salen de las dependencias policiales con un expediente sancionador de la Ley de Extranjería por situación documental.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo mantiene y reitera su criterio sobre la necesidad de que se asegure que los extranjeros puedan dirigirse a la Comisaría de Policía o destacamento de la Benemérita que corresponda, en la seguridad de que su identificación para presentar la denuncia, mediante su tarjeta de extranjero o su pasaporte, no conllevará el inicio de indagaciones para determinar si se encuentran en situación regular o irregular en España.

Para el Defensor del Pueblo el hecho de que un ciudadano extranjero realice una denuncia policial de cualquier naturaleza y acabe siendo objeto de un expediente sancionador y de una posible expulsión por estar en situación irregular, tiene un efecto disuasorio claro que pone en peligro la actividad punitiva del Estado.

En opinión de la Institución ello constituye además, una vulneración del Estatuto de la víctima del delito y una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica.