Al parecer, el presunto parricida tenía antecedentes por violencia de género y habría quebrantado una orden de alejamiento dictada el pasado mes de junio.

Por ello, la institución ha pedido a la Secretaría de Estado de Seguridad que informe sobre si, tras el quebrantamiento de la orden de protección, se elaboró y comunicó un informe sobre estimación del nivel de riesgo para la madre y para el menor; a quien se remitió esta información y si se adoptaron otras medidas de protección adicionales.

De forma paralela, el Defensor también ha preguntado a la Fiscalía si recibió esta información sobre estimación del nivel de riesgo para el menor elaborada por los funcionarios policiales y si se realizaron actuaciones en relación con el supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento para garantizar la protección del menor.

EVITAR NUEVOS CRÍMENES

La violencia de género constituye una enorme preocupación para el Defensor del Pueblo, que tiene abiertas varias actuaciones para conocer las medidas adoptadas por los poderes públicos para aplicar los compromisos asumidos en el Pacto de Estado de 2016 y para evitar nuevos crímenes machistas que están fracturando y socavando los derechos de las mujeres, de sus hijos y de la sociedad en su conjunto.

Fernández Marugán insistió en que “un maltratador nunca puede ser un buen padre” y consideró que es necesario otorgar protección rápida y eficaz a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores. “La protección ha de ser integral, tenemos que ser capaces de detectar de manera inmediata el riesgo en la mujer, sin olvidar que es madre, y por ello mismo el riesgo al que están expuestos sus hijos”, destacó.

En este contexto, la Institución tiene abierta una actuación sobre el funcionamiento del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén) y sobre incorporación de nuevos índices específicos para los menores. Así, ha solicitado información sobre la evolución de los trabajos de implementación del protocolo de riesgo de asesinato machista y del incremento de las medidas de protección.

Además, el Defensor tiene en curso otra actuación con la Dirección General de la Policía para conocer los avances en la puesta en marcha de los Servicios de Atención a la Familia en todas las comisarías donde no existían, así como en la elaboración de un “Protocolo de coordinación, colaboración y derivación entre profesionales que abordan la violencia de género y doméstica” para la prevención y la detección precoz y para crear protocolos municipales de implantación nacional.