El Tribunal de Cuentas estima el recurso de apelación formulado por la Fiscalía y el resto de demandantes y rechaza los argumentos de los demandados, que habían sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En su decisión, establece como probada la compra de 7.000 ordenadores por orden del Govern destinados a la celebración de la consulta soberanista de 2014, que había sido declarada inconstitucional.