Según explicó la Comisión en un comunicado, para la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, “esta obligación implica soportar el coste de la remuneración de dicho representante”.

Además, considera que el hecho de que el representante deba residir en España “obstaculiza la libre prestación de servicios de personas y empresas establecidas en otros Estados miembros de la UE y del EEE”.

Para la Comisión, “estas obligaciones legales quebrantan la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales en la medida en que imponen costes adicionales a los contribuyentes no residentes que pueden disuadirlos de emprender actividades o realizar inversiones en España”.

Por último, la Comisión advirtió a España que si no actúa en los próximos dos meses, el órgano europeo podría optar por llevar el asunto ante el TJUE.