Según informó esta organización, en España solo cuatro comunidades autónomas han aprobado moratorias contra la caza de esta especie: Asturias, Cantabria, Canarias y, desde el 15 de julio, la Comunidad Valenciana.

En concreto, la Comisión acaba de comunicar el inicio de sendos procedimientos contra España y Francia por el incumplimiento de los artículos 3, 4 y 7 de la Directiva de Aves. Estos artículos obligan a los Estados miembros a mantener los niveles de población de las especies de aves, especialmente de las especies de aves migratorias, asegurando que haya suficiente diversidad de hábitats tanto dentro como fuera de los espacios protegidos.

Los Estados miembros también tienen la obligación de garantizar que la caza de cualquier especie de ave no ponga en peligro los esfuerzos de conservación, según recordó SEO/BirdLife.

Además, desde 2018 existe un Plan de Acción Europeo para la Conservación de la tórtola y esta organización “reclama su aplicación desde entonces. Este plan incluye medidas para preservar y restaurar los hábitats favorables para la tórtola y, además, acciones de urgencia como establecer una moratoria temporal en la caza de la especie”.

UNA CAIDA DEL 25%

En España, la población de tórtola europea ha caído un 25% en dos décadas, según indican los censos de SEO/BirdLife. En toda la UE, la población de tórtola europea ha descendido entre un 50 y un 70% y, en algunos países, el desplome llega hasta el 90%, como Reino Unido, donde prácticamente ha desaparecido.

Al tratarse de una especie migratoria, las acciones u omisiones de países como España afectan al conjunto de la especie en todo el continente: esta especie realiza cada año un impresionante viaje de 4.000 kilómetros desde el África subsahariana, donde pasa el invierno, hasta sus zonas de cría en Europa.

Según Ana Carricondo, coordinadora del área de Conservación de SEO/BirdLife, "SEO/BirdLife lleva años denunciando el incumplimiento de la normativa ambiental que protege a la tórtola, al resto de aves y al conjunto de la biodiversidad: este procedimiento de infracción debería servir para que las administraciones españolas, especialmente las autonómicas, y el resto de países de la UE empiecen a tomarse en serio el declive de la biodiversidad, el mayor desafío ambiental que encara la humanidad junto a la crisis climática".