Esta organización considera que "los planes anunciados de revertir algunas de las medidas más efectivas, como Madrid Central, han pesado mucho en la decisión" de la Comisión Europea y además advierte de que "el procedimiento podría acabar con una multa de hasta 1.600 millones de euros".

Recuerda Ecologistas en Acción que "en lo referente a Madrid, algunas de las medidas como la zona de bajas emisiones Madrid Central sí han demostrado efectividad. A pesar de su reducido tamaño, durante los tres meses en que ha estado operativa con un sistema de multas la contaminación por NO2 ha experimentado un acusado descenso. Esta reducción de la polución no se ha producido solo en su interior, donde alcanzó los niveles históricamente más bajos, sino en toda la red, demostrándose un claro efecto contagio".

Por ello, lamenta que, "en lugar de fortalecer este sistema y ampliarlo a otras zonas de la ciudad para seguir reduciendo el número de vehículos a motor que circulan por la capital, el nuevo consistorio ha anunciado reiteradamente sus intenciones de una reforma a la baja, llegando incluso a establecer una moratoria en el sistema de multas (revertida posteriormente por la justicia ante un recurso de Ecologistas en Acción y, días más tarde, por otros recursos de diferentes organizaciones). Esta decisión a buen seguro pesará mucho en el previsible anuncio de la denuncia desde Bruselas. Sin olvidar que otras medidas ya ejecutadas, como la eliminación de los semáforos de la A5, van en sentido contrario al necesario: reducir el uso del coche y su velocidad en el interior de la ciudad".

En cuanto al caso de Barcelona, a juicio de Ecologistas en Acción "las microactuaciones de recuperación del espacio público han tenido escasa incidencia en la reducción de emisiones".