Así lo dijo Sánchez en su discurso de investidura, en el que presentó un “paquete trasversal” en materia laboral, siendo la primera medida citada el nuevo Estatuto de los Trabajadores “que blinde derechos y regule las nuevas relaciones laborales”.

El presidente en funciones prometió llevar “en el menor tiempo posible” una propuesta basada en el diálogo social de este nuevo Estatuto de los Trabajadores, que se base en el paradigma de trabajo decente que defienden instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera que la contratación indefinida “sea la forma habitual, ordinaria” de contratación, que dé “seguridad jurídica para todas las partes” y “sin perjuicio de abordar de forma urgente medidas en el marco del diálogo social para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral”.

Sánchez también planteó un pacto de rentas acordado en el diálogo social para “mejorar los niveles salariales de los trabajadores”, una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en línea con lo que marca la Carta Social Europea y un “gran pacto social y político para la racionalización de horarios” que permita compaginar la vida laboral y personal.

Otras medidas prometidas por Sánchez si vuelve a ser presidente del Gobierno es impulsar la cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, equiparar sus niveles de protección social con los de los trabajadores por cuenta ajena, y aprobar “en un año” un nuevo Plan Director por un Trabajo Digno.

En lo que respecta a las pensiones, el candidato a la investidura citó la “clara voluntad política de evitar que haya una merma de poder adquisitivo” de los pensionistas y señaló que es preciso actualizar las pensiones con el IPC, eliminar el Índice de Revalorización de la reforma de 2013 y “regular el Factor de Sostenibilidad conforme al acuerdo social de 2011”.

Estas medidas se conciliarán con “la eliminación en un horizonte de cinco años del déficit de la Seguridad Social”, a lo que se agregarán nuevas fórmulas de financiación y se reordenarán las bonificaciones en la contratación dedicándolas a la inserción laboral de los colectivos más vulnerables.