La AF subraya que estos ordenadores “contienen información reservada y relevante, así como datos personales objeto de especial protección”. Por ello, la asociación pide a la Fiscalía General de Estado que realice las “oportunas gestiones para averiguar estos hechos” y, al mismo tiempo, exija al Gobierno catalán “que se abstenga de realizar conductas que puedan suponer una injerencia en el derecho al entorno digital de fiscales y jueces, afectando estos comportamientos al derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos contenidos en los expedientes judiciales”.

Asimismo, la AF considera que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deben exigir al Ministerio de Justicia “la implantación de un nuevo sistema informático único en todo el territorio nacional y común para jueces y fiscales, que esté libre de toda injerencia de los poderes públicos y dotado de los adecuados mecanismos de protección”.

De hecho, agrega, esta es una de las reivindicaciones que la Asociación de Fiscales viene planteando reiteradamente en los últimos años sin que, por el momento, el Ministerio de Justicia haya considerado oportuno sentarse a discutir esta medida.