Así lo han manifestaron en un foro de expertos organizado este jueves en el Col.legi d’Economistes de Catalunya bajo el título ‘Prestación de Servicios a las Personas: Qué, Quién, Cómo. Visión de expertos y usuarios’, que reunió a más de 30 representantes de la Administración Pública, de empresas de servicios a personas, sindicatos y el presidente de FATEC en representación de las personas mayores.

Uno de los temas principales que se abordó durante la jornada fue la necesidad de centrar el debate en la calidad del servicio que se presta a las personas y no en las instituciones o entidades que lo realizan, para lo que será necesario establecer mecanismos de control dirigidos a todos los operadores y así ofrecer unos servicios de máxima calidad, priorizando la formación de los empleados y mejorando sus condiciones laborales.

De hecho, los representantes del sector expusieron la necesidad de asegurar un ambiente profesional en el que la prioridad sea ofrecer un entorno óptimo tanto para las personas usuarias como para las trabajadoras, claves en la prestación de este tipo de servicios.

En este sentido, se refirieron al proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, conocida como 'ley Aragonès', que ha centrado el debate a lo largo de los últimos meses en quién debe prestar estos servicios (empresas especializadas, entidades del Tercer Sector o la propia Administración), dejando de lado el elemento más importante: el bienestar de las personas.

Durante el encuentro también se reivindicó la importancia de crear nuevas estructuras de control que permitan evaluar la calidad de la prestación de los servicios más allá de la puntación técnica de las licitaciones públicas de servicios a las personas, un elemento de examen y seguimiento que ya existe en países como Reino Unido, donde el llamado Care Quality Comission (CQC) actúa como mecanismo independiente con capacidad ejecutiva para evaluar la prestación de los servicios sociales y sanitarios con funciones como controlar el registro de proveedores o supervisar, inspeccionar y valorar los servicios. Además, este mecanismo también ayuda a proteger a los usuarios de los servicios e informa a la sociedad de manera independiente sobre la situación de los mismos.

El evento contó con unas palabras de bienvenida por parte de la directora general de Fundación Edad&Vida, María José Abraham, y con una ponencia pronunciada por Francesc José Maria, asesor laboral en el ámbito sanitario y social de más de 60 entidades, tanto públicas como privadas.

En su intervención, Abraham destacó que “desde la Fundación Edad&Vida hace años que somos conscientes y defendemos la colaboración público-privada”. Además, apostilló que “estamos convencidos de que hoy en día nadie se atrevería a dudar de la necesidad de que ambos sectores tienen que interaccionar y desarrollar soluciones colaborativas para satisfacer de forma eficaz y eficiente las necesidades de una sociedad cada vez más heterogénea, más compleja, con diferentes necesidades y mucho más demandante”.

Por último, Abraham aseguró que “en este momento alrededor del 20% de la población de Cataluña, casi un millón y medio de personas, tienen 65 o más años y todas ellas requerirán servicios de calidad. Por eso, como profesionales tenemos la obligación de encontrar la fórmula que asegure atender a todas las personas que lo necesiten”.

Asimismo, José Antonio Mur, director de Accent Social, aseguró que “nuestra sociedad requiere de un sistema de evaluación continua que actúe de manera autónoma para garantizar una adecuada calidad de los servicios, teniendo potestad incluso de finalizar aquellos servicios que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos. Solo así podremos asegurar un entorno profesional en el que la prioridad para todas y cada una de las entidades que prestan servicios a las personas sea precisamente el bienestar de las personas usuarias y de los trabajadores que proporcionan la atención”.

De igual modo, se celebró una mesa redonda que contó con la participación de José Antonio Mur, Marina Giner, responsable del Servicio de Atención Domiciliaria de FeSP-UGT Catalunya; Miquel Benito López, director de Contractación del Ayuntamiento de Barcelona, y Josep Carner, representante de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya.

El acto fue clausurado por Mercè Corretja Torrens, directora general de Contratación Pública, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, quien desde el punto de vista del Gobierno catalán apuntó: “Tenemos la suerte de que en Cataluña hay muchas entidades que desde hace muchos años han ocupado ciertos espacios que la Administración había dejado vacantes gracias a fórmulas de colaboración público-privada muy diversas. El proyecto de Ley de contratos de servicios a las personas quiere asegurar que las entidades expertas puedan brindar bien sus servicios y por eso prevé limitaciones en cuestiones como el precio de los servicios o la prohibición de la subasta, entre otros aspectos”.