El primero de ellos dice que el Parlament “rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre del 2017”. El punto D “reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”.

La sentencia los considera inconstitucionales porque la cámara catalana carece de competencias sobre la forma de Estado. El Constitucional considera que el documento aprobado por la Cámara legislativa catalana no sólo tenía una intencionalidad política, sino también posibles efectos jurídicos, en la medida en que entroncaba con los planes elaborados por los partidos independentistas.

El TC asume así las tesis de la Abogacía del Estado en su recurso, que sostenía que la declaración del Parlament suponía “otro intento de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la creación de la república independiente”. Este fue el primer recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra una decisión del Parlament. Además se presentó desoyendo la recomendación del Consejo de Estado en contra.

El recurso de la Abogacía del Estado entendía que la declaración del Parlament tenía finalidades políticas y consecuencias jurídicas dirigidas a “subvertir el orden constitucional”. La declaración fue aprobada con los votos de CatComú Podem, que la presentó, JxCat y ERC. En contra votaron PP, Cs y PSC y se abstuvo la CUP.