En el acto se exigirá la condena unánime de las instituciones al golpe y a la dictadura franquista, así como la salida de los restos de Francisco Franco de Cuelgamuros, para que sean trasladados a un emplazamiento que no pueda convertirse en lugar de homenaje y exaltación.

Está prevista la intervención en el acto de representantes políticos y sindicales, juristas, portavoces de colectivos vecinales, cristianos de base y sociales que apoyan la campaña #NiValleNiAlmudena. Se leerá también un comunicado de la campaña y de una plataforma que agrupa a 18 colectivos memorialistas de la resistencia y el exilio español en Francia.

Según los impulsores de la campaña, "cada día que Franco pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. La exhumación de los restos mortales del dictador es un acto de justicia, y una medida de reparación moral y simbólica de las víctimas de la dictadura. Además, es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, como han puesto de manifiesto diversos organismos internacionales, que han solicitado a España dicha exhumación".

Asimismo, consideran que el Tribunal Supremo debería haber rechazado la medida cautelar solicitada por la familia Franco de suspensión de la exhumación y traslado programados por el Gobierno, "puesto que el objetivo de los diversos recursos presentados por la familia del dictador y por la fundación que lleva su nombre es dilatar el proceso". "Resulta un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador, frente al desentendimiento del Estado de tantas víctimas del franquismo que todavía esperan justicia y reparación", agregan.

Asimismo, consideran inaceptables "las pretensiones de la familia del traslado de los restos a la Almudena", ya que "el enterramiento de Franco en un lugar público a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen, supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias y para el conjunto de la sociedad".

"En caso de que el Tribunal Supremo paralice la exhumación, estimando el recurso de la familia contra el decreto-ley convalidado por el Congreso en 2018, asumimos el compromiso de seguir trabajando para que el nuevo Gobierno y el Parlamento adopten inmediatamente las medias políticas y legales que permitan retomar el proceso de salida definitiva e irreversible de Franco de Cuelgamuros, con todas las garantías jurídicas", anuncian en un manifiesto.