En un informe, reconoce que la propuesta del organismo dirigido por José María Marín Quemada “es más profunda de lo esperado, posiblemente erosionando el margen del rating en las compañías de distribución y transporte de gas españolas”.

Sus analistas admiten que, mientras la propuesta de ajustes para el periodo regulatorio 2020-2025 está “en línea” con las expectativas de diciembre de 2018 del Ministerio de Medio Ambiente para el sector de la electricidad, el proyecto de reglamento podría impactar los ingresos de las empresas de gas durante su aplicación entre los años 2021 y 2026.

El proyecto presentado por la CNMV implicaría una caída promedio del 17,8% en los ingresos para la distribución de gas durante esos seis años de aplicación y del 21,8% en la transmisión de gas y regasificación.

“Estos porcentajes propuestos son mucho mayores de lo esperado y podría desencadenar un pronunciado deterioro de las métricas crediticias de las empresas de servicios de gas”, advierte la agencia de calificación de solvencia en su informe.

S&P Global Ratings reconoce, sin embargo, no estar todavía en condiciones de evaluar el impacto crediticio por lo que desvela que estará pendiente de ver cómo adaptan las estrategias financieras las compañías para evaluar cualquier potencial efecto en sus posiciones crediticias “en las próximas semanas”.

Las compañías con negocio de gas a las que analiza o fija calificaciones de solvencia S&P Global Ratings son Naturgy Energy, NorteGas Energía Distribución, Enagás, Redexis Gas y Madrileña de Gas.

La CNMC puso a consulta su proyecto de reforma el pasado viernes, 5 de julio y se encontrará abierto a sugerencias, quejas o peticiones hasta el próximo 9 de agosto.

Una vez finalizado el trámite de información pública, la CNMC analizará las alegaciones de los agentes y aprobará las circulares normativas definitivas antes del 1 de enero de 2020. Estos cambios tendrán efecto en el próximo periodo regulatorio, que comienza en 2020 hasta 2025 en electricidad y en 2021 hasta 2026 en gas.

En las circulares propone una metodología de fijación de los peajes energéticos que supondrían un recorte de algo más de 1.000 millones de euros de la retribución percibida por las compañías eléctricas y de algo más de 500 millones para las empresas gasistas.