"En las cárceles realizamos mayoritariamente atención de urgencias. Es como si en un centro de salud no hubiera consultas, únicamente urgencias, y hubiera que esperar al infarto para atender a un cardiópata”, destacó el doctor Pedro A. Martínez Sánchez, vocal de Médicos de Prisiones de CESM.

“La situación es pues explosiva”, agregó. “Hay un desfase cada vez mayor entre la demanda de atención que precisan los más de 51.000 reclusos que hay en las cárceles españolas y el número de médicos, que no quieren trabajar en el sector, entre otros motivos, porque sus salarios presentan una diferencia en su contra de casi 20.000 euros netos al año, sin guardias, respecto a un profesional que trabaje en Atención Primaria”.

Martínez agregó que se ha llegado a esta situación porque, entre otras razones, se está cumpliendo la Ley de Calidad y Cohesión de 2003, en la que se contempla la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas autonómicos de salud. Hoy sólo las comunidades de Cataluña y País Vasco tienen asumida esta competencia, mientras que en el resto del país el servicio sigue dependiendo orgánicamente del Ministerio del Interior.

E insiste en que “nuestro objetivo es una sanidad penitenciaria de calidad que pueda cumplir los estándares de igualdad y equidad del resto del sistema sanitario público”.