Arrimadas aseguró que esa sentencia "para nada cuestiona la aplicación" que se ha hecho de ese precepto, y que además establece cuáles pueden ser las circunstancias que pueden dar pie a esa aplicación, exigiendo "causas objetivas", algo que "ocurrió".

Además, dice, esa sentencia asegura que se puede mantener mientras las circunstancias que dieron pie a la aplicación sigan vigentes, o permanezcan las consecuencias de las mismas, y "la insurrección" del Gobierno autonómico, la "manipulación" de los medios públicos de comunicación o el "adoctrinamiento" en las escuelas, son susceptibles de ser contestados por el Gobierno central con ese mecanismo constitucional.

Por tanto, sentenció, la sentencia es "plenamente compatible con lo que nosotros siempre hemos defendido" sobre la aplicación de ese artículo de la Constitución.