AI alertó de que este hecho "vulnera las normas internacionales (suscritas por Japón) según las cuales, las personas con enfermedades mentales graves deben ser protegidas de la pena capital" en el informe "Pende de un hilo: la salud mental y la pena de muerte en Japón".

Además, la ONG indicó que "quienes han llegado al final del proceso legal se ven obligados a esperar la ejecución todos los días, afrontando una condena que puede cumplirse con sólo unas horas de aviso". Según AI, para ellos, cada día puede ser el último, y la llegada de un funcionario de prisiones con una orden de ejecución supondría perder su vida en unas horas. "Algunos viven así año tras año, en ocasiones durante décadas", insisten desde la organización.

"Permitir que un preso viva durante un largo periodo bajo la amenaza diaria de una muerte inminente es cruel, inhumano y degradante. expuso el experto en Salud de Amnistía Internacional y creador del informe, James Welshy.

Welshy aseguró que "la pena de muerte y la salud de los presos (japoneses) están rodeadas de gran hermetismo, y la falta de vigilancia por parte de expertos independientes en salud mental ha hecho que se acuda a testimonios y documentación de segunda mano para evaluar el estado mental de estos presos". Welshy explicó que el Gobierno nipón no permite acceder a estos presos y las solicitudes que en este sentido ha cursado Amnistía Internacional han sido denegadas.

Además, "el contacto con familiares, abogados y otras personas puede estar limitado a visitas de tan sólo cinco minutos. No se les permite moverse salvo para ir al baño, y deben permanecer sentados en su celda. Además, tienen menos acceso al aire libre y la luz del sol, y más probabilidades de sufrir castigos extra por infringir las estrictas normas que se les imponen", indicó el experto.