Así lo pone de manifiesto el organismo tras realizar un estudio de evaluación sobre el ‘Programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial’ (RCI), que actualmente recibe el nombre de ‘Programa de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva’, en el marco del proceso de revisión del gasto público conocido como ‘Spending Review’ que el organismo está llevando a cabo.

Este programa consiste en la concesión de préstamos directamente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a empresas para el desarrollo de proyectos industriales.

En el periodo evaluado (convocatorias desde 2008 hasta 2016) se otorgaron cerca de 4.900 millones de euros en préstamos de apoyo a la inversión industrial productiva para financiar unos 5.000 proyectos, beneficiando en torno al 2% de las empresas industriales. De esta financiación, el saldo vivo a finales de 2017 era aproximadamente 3.300 millones de euros, según el estudio de la Airef.

El impacto, según esta institución, es “modesto” en la inversión y en el empleo por convocatoria, con 4.700 puestos de trabajo y 208 millones de euros a los dos años de otorgarse el préstamo. Sin embargo, desde la Airef apuntaron que el impacto diferencial desaparece a los cinco años, de manera que, tras ese periodo, los empleos los generan las empresas o no se mantienen.

La Airef también apunta que el coste entre 2008 y 2016 es del orden de los 1.000 millones de euros, mientras que las pérdidas en las que incurre pueden alcanzar los 670 millones de euros.

El organismo considera que el coste financiero y la morosidad que se genera con este programa son muy elevados, puesto que, por cada euro invertido, la Administración tiene un coste de 55 céntimos, el coste de cada puesto e casi cinco veces mayor que el subsidio por desempleo máximo, y la morosidad ha ido incrementándose constantemente hasta el 23% en 2017.

La Airef detecta que no hay un alineamiento claro con necesidades identificadas ni con objetivos cuantificables y no existen experiencias similares en el ámbito internacional.

Por ello, propone que este programa no se siga desarrollando en su estado actual, sino que se redefina. También propone complementar un nuevo diseño estratégico del programa con alternativas como un fondo de capital acumulativo con la dotación presupuestaria durante un número concreto de anualidades, o compartir los riesgos con el sector bancario, de manera que se financie un porcentaje del proyecto siempre que haya financiación bancaria equivalente. Otra alternativa propuesta por la Airef consiste en traspasar el presupuesto del programa a un intermediario financiero público fuera de la Ley General de Subvenciones.