Con el lema 'Ilegal es dejarles morir', CEAR exigió la retirada de cargos por parte de la Fiscalía italiana y la derogación de la nueva ley antiinmigración de este país, según la cual los barcos humanitarios que se adentren en aguas italianas sin autorización se enfrentan a un proceso penal y a sanciones de hasta 50.000 euros. La activista podría ser condenada a hasta a 10 años.

Según CEAR, "es más urgente que nunca que Europa adopte un protocolo de desembarco seguro y predecible, que ofrezca seguridad jurídica a las organizaciones de rescate en el Mediterráneo y evite que sus embarcaciones puedan pasar días o incluso semanas a la deriva, poniendo en peligro la vida de los rescatados".

“Las autoridades de la Unión Europea no pueden seguir permitiendo que uno de sus Estados miembro actúe en contra de los valores más básicos de derechos humanos, criminalizando la acción humanitaria y en contra del derecho marítimo", afirmó la directora general de CEAR, Estrella Galán.

"En otras palabras, Salvini no puede seguir dictando la política migratoria europea en contra de la legislación internacional del mar y el derecho de asilo”, señaló Galán.

En este sentido, CEAR pidió al Gobierno español que promueva en el Consejo Europeo la aprobación de este protocolo de desembarco seguro, para asegurar que ninguna persona pueda ser devuelta a un país en el que su vida corra peligro, en cumplimiento con el principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra.

Además, reclamó a las autoridades españolas que prioricen el respeto de los derechos humanos y el rescate de personas en la gestión de las políticas migratorias. Para ello, "se debe facilitar la labor que realizan las organizaciones de rescate e incrementar al mismo tiempo los recursos públicos destinados al salvamento de vidas en nuestras costas", concluyó.