A través de un comunicado, la CEP reprochó al PNV haber vuelto “a poner en marcha la campaña para desactivar” la Ley de Seguridad de 2015, que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy y a la que la oposición ha venido tildando de ‘ley mordaza’.

Este sindicato policial destacó que el Congreso de los Diputados y la Mesa de la Cámara admitieron este 20 de junio la propuesta de los peneuvistas para reformar la normativa vigente sobre seguridad ciudadana.

Para la CEP, en su proposición de ley el partido del lehendakari, Íñigo Urkullu, incluye “tal cantidad de recortes y modificaciones que su objetivo no puede ser otro que desnaturalizar y dejar sin efecto esa norma, además de complicar y perjudicar el trabajo de los policías nacionales”.

“DROGA EN LUGARES PÚBLICOS”

Según la CEP, el planteamiento de la formación nacionalista “pone en riesgo no sólo la seguridad e integridad de los policías nacionales sino, además, supone fomentar la impunidad en un número considerable de actuaciones incívicas que alteran el orden público y la tranquilidad de todos”.

Así, el sindicato destaca que el PNV plantea suprimir la perturbación grave de la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, Senado o asambleas de las autonomías. Esta formación nacionalista también quiere que se deje de castigar a quien provoque desórdenes en vías, espacios o establecimientos públicos u obstaculizar la vía pública con mobiliario, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos.

Esta organización policial añade que los peneuvistas también quieren despenalizar “el uso público indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales o elementos de equipación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que induzcan al engaño”. La formación de Urkullu también quiere dejar de castigar el traslado de personas en vehículos para el acceso a drogas, las conocidas como ‘cundas’.

El CEP destaca que tampoco deben castigarse “los actos de plantación y cultivo de drogas en lugares visibles al público”, así como los “daños o deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público y de bien de los privados en la vía pública”.