Según destacó la Comisión Europea, el nuevo sistema contribuirá a que se encuentren soluciones a los litigios fiscales entre los Estados miembros que puedan derivarse de la interpretación y aplicación de acuerdos y convenios internacionales que prevean la supresión de la doble imposición. Se calcula que están pendientes en la UE 2.000 litigios de este tipo, de los que alrededor de 900 se prolongan desde hace más de dos años.

El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, declaró que “un sistema tributario justo y eficiente en la UE también debe garantizar que unos mismos ingresos no sean gravados dos veces por dos Estados miembros diferentes” pero que, “cuando esto ocurra, el problema debe resolverse de manera rápida y eficaz”.

“A partir de hoy, la resolución de los litigios fiscales será mucho más fácil”, aseguró, al considerar que “los particulares y las empresas, en particular las pequeñas empresas, que puedan sufrir problemas de flujo de tesorería como consecuencia de la doble imposición verán sus derechos considerablemente reforzados”. “Ahora podrán estar más seguros de que sus asuntos fiscales serán resueltos por las autoridades judiciales competentes en un plazo aceptable y previsible, en lugar de durar años”, añadió.

La doble imposición se produce cuando dos o más países reclaman el derecho a gravar los mismos ingresos o beneficios de una empresa o persona. Esto puede deberse, por ejemplo, a un desajuste entre las normas nacionales de diferentes jurisdicciones o a interpretaciones divergentes de la misma disposición de un convenio tributario bilateral.

Con el nuevo sistema, los contribuyentes que se enfrentan a litigios fiscales derivados de convenios tributarios bilaterales o de convenios que prevean la supresión de la doble imposición podrán iniciar ahora un procedimiento de mutuo acuerdo por el que los Estados miembros de que se trate deberán tratar de resolver el litigio de forma amistosa en un plazo de dos años.

Si no se ha encontrado una solución al final de este plazo de dos años, el contribuyente podrá solicitar la creación de una comisión consultiva para emitir un dictamen. Si los Estados miembros no lo hacen, el contribuyente podrá interponer un recurso ante el órgano jurisdiccional nacional que le corresponda y obligar a los Estados miembros a actuar.

Esta comisión consultiva estará compuesta por tres miembros independientes designados por los Estados miembros interesados y por representantes de las autoridades competentes de que se trate. La comisión habrá de emitir un dictamen en un plazo de seis meses, que los Estados miembros interesados deberán cumplir a menos que acepten otra solución en un plazo de seis meses a partir del dictamen.

La nueva directiva será aplicable a las denuncias presentadas a partir del 1 de julio de 2019 respecto de las cuestiones en litigio referentes a ingresos o patrimonio obtenidos en un ejercicio fiscal que se haya iniciado el 1 de enero de 2018 o con posterioridad a esa fecha. Las autoridades competentes también podrán decidir aplicar la directiva a cualquier denuncia presentada antes de esa fecha o a ejercicios fiscales anteriores.