Así se pronunció Borrell, en una entrevista en ‘El Periódico de Catalunya’ recogida por Servimeda, después de que Exteriores haya dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que recurra en vía contencioso administrativa la decisión de la Generalitat de abrir delegaciones en México, Argentina y Túnez.

El jefe de la diplomacia española subrayó que en política exterior la Generalitat adolece de una “pérdida de sentido de la realidad y del ridículo”, como lo evidencia el hecho de que el consejero de Acción Exterior catalán, Alfred Bosch viajara a México para postular al gobierno autonómico catalán como mediador entre el país azteca y España por la Conquista.

Explicó que el Gobierno aspira a que “se cumpla la ley”, una ley, dijo Borrell, que “exige unos trámites, y si no se cumplen, recurrimos a los tribunales”. Adujo que la Ley de Acción Exterior está “muy mal hecha” recordando que fue el PP el que la aprobó cuando disfrutaba de mayoría absoluta. “Por eso no entiendo sus críticas”, se lamentó.

Aseveró que las delegaciones de la Generalitat en el exterior tienen como único fin “actuar como centros de difusión ideológica independentista” al ser “instrumentos para promover las tesis del secesionismo y perjudicar la imagen internacional de España”.

Lamentó tener que recurrir su apertura ante los tribunales, pero consideró “evidente” que estas delegaciones “sirven para dar trabajo a bastantes procesistas y para servir de centros de agitación y propaganda. Y dentro de lo que la ley nos permite tendremos que actuar, habiendo agotado ya toda la prudencia posible”.

Borrell también terció en la polémica suscita por las palabras del consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, al referirse a España como “un país vecino”. Lo hizo para afirmar que la Generalitat “confunde frecuentemente sus deseos con la realidad” y demuestra “tener un escaso sentido del ridículo”.

“Decir que los aviones del Ejército español están actuando en Cataluña porque el incendio está en una zona fronteriza con España... Es un dislate”, sentenció.

Por su parte, trasladó a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo la responsabilidad de decidir si Carles Puigdemont y Toni Comín podrán ser eurodiputados. No obstante, ironizó con el hecho de que “para entrar a tomar café al bar (del Parlamento Europeo) no creo que tengan ningún problema, incluso pueden nombrarlos asistentes de algunos parlamentarios para entrar todos los días a trabajar”.

Arguyó que su decisión de renunciar al acta de eurodiputado para seguir como ministro de Exteriores se debe a la incertidumbre política en España que puede alargar el periodo del Gobierno en funciones hasta después del verano.

“No parece muy realista pensar que un Gobierno pueda estar sin ministro de Asuntos Exteriores dos o tres meses. Tal como está el mundo, la cartera de Exteriores no puede estar vacante. Mi renuncia era el mal menor”, comentó.

Respecto a la posibilidad de que su decisión suponga un reconocimiento implícito de que se producirá la investidura después del verano, se declaró incompetente para responder y trasladó la cuestión “al señor Iglesias (Pablo, secretario general de Podemos)”.

Rechazó haber traicionado a quienes le votaron en las recientes elecciones al Parlamento Europeo, puesto que el fin último de su elección era “desarrollar la presencia de España en Europa”, algo que no se hace sólo como eurodiputado, y atribuyó a un “problema de comunicación” el hecho de que se haya podido entender que la renuncia al acta implicaba renunciar a contar con un papel ejecutivo en Europa.

También rehusó postularse para un alto cargo en la UE, aunque dejó claro que “cuando uno se presenta a unas elecciones europeas en principio es para jugar un papel en Europa”.

Por último, recordó la polémica que suscitaron unas declaraciones suyas en las que consideraba a Rusia como un “enemigo” de la UE. Lo hizo para comentar que “son cosas que pasan, creo que los rusos sobrerreaccionaron, nosotros les reprochamos esta sobrerreacción y las cosas han vuelto a la normalidad. No tenemos ningún problema”.