En un comunicado, el sindicato de técnicos reaccionó así a la lista publicada hoy por la Agencia Tributaria, en la que figuran 4.028 morosos que adeudan un total de más de 14.100 millones de euros, un 7,8% menos respecto a la lista publicada el año pasado.

Gestha considera que el cambio normativo que propone, y que fue anunciado en la pasada legislatura pero no se aprobó por la disolución de las Cortes Generales, “serviría para que aquellos responsables con cierta relevancia y capacidad de pago redujeran sus deudas pendientes de cobro por debajo del millón de euros, lo que les dejaría fuera de esta lista e incrementaría los ingresos cobrados por Hacienda”.

Además, los técnicos critican que “la Agencia Tributaria no informa qué importe se ha cobrado y cuánta deuda se ha cancelado por insolvencias definitivas u otras causas”. Por ello, consideran que “se trata básicamente de una lista de ‘desahuciados’ de los que buena parte nunca pagarán sus deudas, y al menos unos 6.700 millones, el 47,5% del total, será muy difícil cobrar porque se encuentran en proceso concursal”. En este sentido, los técnicos piden al Gobierno que informe sobre el porcentaje de la deuda cancelada que se debe a insolvencia definitiva.

Por otra parte, los técnicos también reclaman la publicación de un listado de personas acogidas a la amnistía fiscal y que posteriormente hayan seguido defraudando, así como de los titulares de cuentas opacas de la Lista Falciani, “dado el interés que suscitan entre los ciudadanos que cumplen puntualmente con sus obligaciones, según se ha demostrado cada vez que los medios de comunicación publican alguna filtración al respecto”.

Por último, Gestha recuerda que “la ‘factura’ del fraude y la evasión fiscal para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a pagar para mantener los gastos públicos tapando el agujero que cometen los defraudadores”.

Así, los técnicos piensan que atajar el fraude “sólo es posible con la puesta en marcha de un plan realista, eficaz y claro que permita reducir la elevada bolsa de economía sumergida que soporta España, superior a los 250.000 millones de euros”. En este sentido, calculan que con una mayor coordinación entre las administraciones tributarias territoriales y la estatal, la creación de una base de datos única accesible para todas las administraciones, un aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos para investigar a las grandes empresas y un aumento de efectivos en la AEAT, entre otras medidas, se podrían recaudar a medio plazo unos 40.000 millones de euros más al año.