El ministerio público sostiene que la condición de miembro del Parlamento Europeo sólo puede adquirirse una vez cumplidos los trámites de juramento o promesa de la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC) y sólo entonces el nuevo europarlamentario será inmune.

El Supremo denegó a Junqueras la salida de prisión para poder culminar ese trámite y la Fiscalía afirma que el Alto Tribunal es el único competente para tomar esa decisión y que no está obligado por ninguna norma comunitaria a excarcelar a un preso preventivo para que tome posesión del escaño.

A Junqueras sí se le permitió la salida de prisión para que pudieran adquirir la condición de diputado nacional, que le fue automáticamente suspendida por la Mesa del Congreso. El caso del Europarlamento es distinto, ya que la aplicación de la inmunidad podría suponer un “peligro irreversible para los fines del proceso”, que incluso podría quedar suspendido.

El Tribunal Supremo acordó el pasado día 25 mantener en prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a la vez activar el trámite para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el alcance de la inmunidad de los europarlamentarios que le afecta.

Mientras no haya pronunciamiento del TJUE, la Sala deja en suspenso la resolución del recurso de súplica planteado por la defensa de Junqueras contra el auto de la Sala del 14 de junio, que le denegó un permiso extraordinario de salida de prisión para acudir a la Junta Electoral Central (JEC) y culminar los trámites para asumir el cargo de parlamentario europeo.

El Tribunal Supremo acuerda así plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, sobre el alcance que tendría la inmunidad del exvicepresidente Junqueras en el caso de que adquiriera la condición de eurodiputado. El pasado 14 de junio, los magistrados rechazaron conceder a Junqueras un permiso extraordinario para poder salir de prisión y prometer o jurar ante la Junta Electoral Central su cargo.

Entendió la Sala en ese momento que permitir la salida de Junqueras podría poner “en un irreversible peligro los fines del proceso” judicial que se estaba desarrollando en el Tribunal Supremo, puesto que su posterior desplazamiento a Bruselas para tomar posesión del escaño podría suponer “la pérdida del control jurisdiccional” sobre la prisión preventiva que cumple en España.

La Sala recordaba en su auto de 14 de junio que la decisión del tribunal “no supone la pérdida definitiva del derecho de participación política” de Junqueras, sino tan solo un “aplazamiento temporal”, en tanto no haya sentencia definitiva sobre el juicio del 1-O que finalizó el 12 de junio.

Después de que Junqueras presentara su recurso, la Fiscalía se mostró contraria a la presentación de la cuestión prejudicial por entender que no es procedente, e insiste en que el Supremo en su resolución “simplemente” ha limitado “temporalmente” el derecho de participación política de Junqueras con los “fines constitucionalmente legítimos en una sociedad democrática”, ya que, insiste, de lo contrario los fines de la prisión preventiva se perderían “irremisiblemente” con el desplazamiento del exvicepresidente de la Generalitat al Parlamento Europeo.

La presentación de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo paraliza automáticamente la resolución del recurso y da tiempo a la Sala para dictar sentencia sobre lo sucedido en el otoño de 2017 en Cataluña, lo que aclararía la situación procesal de los acusados.