En un comunicado, el sindicato se refirió al informe que la Airef ha presentado hoy sobre ‘Los programas de rentas mínimas en España’ y en el que evalúa la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de los sindicatos sobre una prestación de ingresos mínimos.

La Airef estima que la ILP reduciría la pobreza extrema en un 27,6% y tendría un coste fiscal de entre 7.200 y 9.800 millones de euros. Sin embargo, propone mejoras a esta iniciativa para crear una renta mínima más eficiente que reduciría la pobreza extrema hasta un 60,4% con un coste de 5.500 millones.

CCOO incidió en que la ILP sindical se centra en “acabar con los vacíos de cobertura de la protección asistencial por desempleo”, particularmente en el colectivo de parados de larga duración, mientras que la propuesta de la Airef “apunta a otra necesidad”, la falta de renta “severa” en España, que es “legítima también y que podemos compartir, pero distinta” a la de la ILP.

El sindicato consideró que la propuesta de la autoridad fiscal “parece además confundir” la protección por desempleo y la falta de unos ingresos mínimos para combatir la pobreza y “parece proponer una redistribución entre las personas vulnerables de los recursos que ya se destinan a ellos”.

“La idea de sustituir prestaciones asistenciales por desempleo y rentas mínimas de las comunidades autónomas por un nuevo programa como el propuesto por la Airef es, sin duda, una propuesta compleja que debe abordarse, en su caso, con prudencia y elevados niveles de consenso, que pueden resultar difíciles de conseguir”, según CCOO.

La central también señaló que la posibilidad de que la prestación propuesta por la Airef sea compatible con el empleo puede generar “distorsiones” en el mercado de trabajo que aumenten la precariedad.

CCOO aprovechó para pedir a los grupos parlamentarios que agilicen la tramitación de la ILP en los términos en los que ha sido planteada y afirmó que comparte con la Airef la necesidad de abordar también medidas efectivas contra la pobreza, desde políticas impulsadas por el Gobierno central, las comunidades autónomas y las administraciones locales, cada una dentro de sus respectivos ámbitos competenciales.