El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) ha publicado este martes su informe anual, en el que indica que España mantenía en 2018 un “cumplimiento insatisfactorio” de las recomendaciones de evaluación de los criterios para luchar contra la corrupción. Pese a ello, un segundo informe posterior reconoce, esta vez sí, los avances de España en la lucha contra la corrupción.

En el informe figura un análisis del grado de cumplimiento de los países evaluados por Greco en la cuarta ronda relativa a la prevención de la corrupción con respecto a parlamentarios, jueces y fiscales, referenciado al 31 de diciembre de 2018.

En esa fecha, España estaba entre los 14 países sujetos al procedimiento de incumplimiento de Greco por tener un cumplimiento insatisfactorio de las recomendaciones de evaluación de la cuarta ronda. El informe posterior saca a España del procedimiento y será publicado cuando lo permitan las autoridades españolas.

El nivel de cumplimiento de España era el mismo que el reflejado en el informe anual correspondiente a 2017 y publicado en abril de 2018, porque la última evaluación que Greco hizo de España en relación a la implementación de estas recomendaciones fue en un informe aprobado en diciembre de 2017, que se publicó en enero de 2018.

Sin embargo, durante su reunión plenaria del 17 al 21 de junio de 2019 Greco ha examinado el nivel de cumplimiento de España en un nuevo informe y, debido a los avances logrados en la implementación de las recomendaciones, ha decidido no seguir aplicando su procedimiento de incumplimiento a España.

En consecuencia, España ya no está entre los países con un grado de cumplimiento “globalmente insatisfactorio”. En aplicación de sus normas, Greco hará público este nuevo informe cuando las autoridades españolas autoricen su publicación.

En la reunión plenaria de la semana pasada, Greco también aprobó su informe de evaluación de la quinta ronda sobre España, en el que evalúa las medidas destinadas a prevenir la corrupción y la promoción de la integridad en los gobiernos centrales, incluidas las funciones ejecutivas principales, y las fuerzas de seguridad. Este informe también se publicará una vez que las autoridades españolas lo autoricen.