Así lo manifestó en el transcurso de su intervención en la gala de entrega de los Premios Nacionales Fundación Alares 2019 y en la que también trasladó la “clara” apuesta del Ejecutivo por la “justicia social”, convencida de que todavía “queda mucho por hacer para que gocen exactamente de las mismas oportunidades que el resto de sus conciudadanos y así puedan desarrollar una vida autónoma”.

Tras destacar que las personas con discapacidad siguen teniendo una tasa de actividad más de 40 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad y que la tasa de paro es casi 10 puntos superior, la titular de Sanidad, Consumo y Bienestar Social denunció que en las familias con bajos ingresos “se producen discapacidades en una proporción tres veces superior a la de las familias con mayor poder adquisitivo”.

Entre otros motivos, recordó que las primeras viven en unas condiciones ambientales menos saludables, sus miembros están expuestos a un mayor riesgo de contraer enfermedades o sufrir accidentes y pueden dedicar menos recursos a la prevención o la rehabilitación”.

“Todos juntos debemos romper este círculo y reforzar la igualdad de derechos y la plena inclusión de las personas con discapacidad”, aseveró la ministra, al tiempo que mencionó algunas de las iniciativas adoptadas por el Ejecutivo a lo largo de la última legislatura, como la reforma de la ley electoral para devolver el derecho de sufragio a casi 100.000 personas privadas de él por razón de discapacidad o los trabajos para reformar el artículo 49 de la Constitución para acabar con lo que calificó como una “injusta estigmatización” de la persona con discapacidad así como para “reforzar” la protección de sus derechos.

Junto a ello, se refirió al anteproyecto de reforma de la legislación civil y procesal que, dijo, se “recuperará” en la próxima legislatura y que, a su juicio, “avanza hacia el respeto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad que, como regla general, serán las encargadas de tomar sus propias decisiones”.