Con esta iniciativa también se quieren impulsar medidas de transparencia en sanidad, así como la creación de un fondo de investigación y formación independiente.

Entre las organizaciones que acudirán a la Cámara Baja se encuentran la Organización Médica Colegial (OMC), la Plataforma de Afectados por Hepatitis C, Medicus Mundi, Salud por Derecho, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, la Fundación Civio y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

En un comunicado aseguraron que en los últimos años “hemos asistido a un aumento continuado de los precios de los nuevos medicamentos, en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación y fabricación, como ha puesto de manifiesto el caso de la hepatitis C y los antivirales de acción directa. Esta situación ha conllevado un importante incremento del gasto farmacéutico, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema e introduciendo copagos en los medicamentos a miles de personas, limitando el acceso a determinados tratamientos”.

De forma paralela, también existen problemas relacionados con la opacidad sobre la inversión que realiza directa o indirectamente la Administración pública en investigación biomédica y sobre las negociaciones que mantiene con la industria farmacéutica. Esta falta de transparencia afecta a las relaciones entre el sector privado, las organizaciones de profesionales y los profesionales sanitarios con las Administraciones públicas, lo que puede dar lugar a conflictos de intereses.

Ante estas situaciones, 16 organizaciones y profesionales de la sanidad pública, de la transparencia y de la comunidad científica han impulsado la iniciativa legislativa popular (ILP) ‘Medicamentos a un precio justo’, que pretende, con medidas concretas reflejadas en su texto articulado, abordar la falta de transparencia y el sistema de fijación de precios.

Asimismo, la iniciativa pretende fomentar la investigación pública de medicamentos y la formación independiente de los profesionales sanitarios con la creación de un fondo para mejorar el acceso a las innovaciones y garantizar una prescripción adecuada.

Si la Mesa del Congreso admitiera a trámite la ILP, las organizaciones que forman parte de esta iniciativa tendrán un plazo de nueve meses para recoger 500.000 firmas que permitan su debate en el Congreso de Diputados.