Según la UPF, el catálogo de delitos contra las mujeres debería mejorarse “de una forma más acorde a las obligaciones adquiridas por España (desde el año 2014) en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres de 7 de abril de 2011”.

Esta asociación de fiscales demanda que el próximo Gobierno “ponga en marcha inmediatamente todas las medidas que se acordaron en el Pacto de Estado, con especial atención a aquellas que van encaminadas a la prevención y protección a las víctimas”.

En este contexto, la UPF considera urgente “la implantación inmediata de las unidades de valoración integral de la violencia de género allí donde no las hay con personal formado y especializado, en número suficiente para atender a todos los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en funciones de guardia”.