Según explicó el citado comité, la futura norma será "un paso positivo" porque conllevará "la necesaria actualización de nuestro ordenamiento jurídico a los valores, principios y mandatos de este importante tratado internacional en materia de derechos humanos".

Las modificaciones de normas legales que incorpora el proyecto de ley ómnibus "avanzan en la ampliación y en la instauración de mejores medidas de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, por lo que hay que saludarla como un avance", apuntó el Cermi.

Otro "elemento destacable" para este comité es que en la elaboración de la iniciativa legal el Gobierno ha consultado ampliamente con el sector social de la discapacidad, "con el que el proyecto de ley ha sido debatido y enriquecido a partir de las aportaciones recibidas".

Para intensificar el calado de este proyecto de ley, en su tramitación parlamentaria el Cermi presentará enmiendas a todos los grupos parlamentarios para introducir nuevos elementos que amplíen la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Por último, el comité señaló que "siendo relevante" esta propuesta, se trata de "un primer paso en un proceso más largo y de más alcance que obligatoriamente ha de seguirse en los meses y años venideros".

Así, hay que afrontar las modificaciones normativas que han de efectuarse en leyes con rango de orgánicas, como la de educación, la de universidades o el Código Penal, o abordar la sustitución del sistema de incapacitación judicial, contrario a la Convención Internacional, por uno de apoyos a la toma de decisiones, concluyó el comité.