La norma se elaboró en base a la transposición de una directiva comunitaria sobre crédito inmobiliario, aunque se amplió con medidas para reforzar la protección del consumidor y buscando dar una seguridad jurídica al marco normativo tras la avalancha de litigios por hipotecas.

En opinión de Pardos, ha sido “un buen intento europeo de hacer un mercado hipotecario sano, justo, competitivo”, aunque asegura que la normativa final “no satisface a nadie”.

“A nosotros, a los consumidores, nos hubiera gustado cambiar las bases de la ley hipotecaria anticuada del siglo XIX”, refirió, y alertó de que sus posibles beneficios pueden quedar en “papel mojado” en función de la interpretación que la banca haga de la norma.

La creación del observatorio tendría por finalidad hacer “todo lo posible” para que la ley se cumpla, vigilando la nueva oferta hipotecaria y el cumplimiento de las obligaciones que la regulación impone a los bancos.

Adicae ha anunciado en paralelo una ronda de contactos con notarios y registradores para evaluar la aplicación práctica del papel que con las nuevas previsiones pueden jugar para los derechos de los consumidores, y también con el sector bancario y el de los intermediarios de crédito.

El secretario general de Adicae, Fernando Herrero, admitió que la ley contribuirá a clarificar los gastos, mejorará la información y, “sin ser una solución mágica”, el registro previo de los modelos de contratos de la banca “permitirá examinar la existencia de cláusulas abusivas”.

Para aprovechar esta oportunidad, indicó que un equipo técnico-jurídico de Adicae revisará dichos modelos de contrato, dando lugar a las actuaciones que en cada caso procedan.