Juicio Procés

La defensa de Mundó niega que “se gastara ni un solo céntimo” de Justicia en el 1-O

MADRID
SERVIMEDIA

Josep Riba, letrado que defiende al exconseller de Justicia Carles Mundó, acusado de malversación y desobediencia, negó este martes que “se gastara ni un solo céntimo de su consejería” en la organización del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La Fiscalía pide para él siete años de cárcel.

Previamente al inicio de la exposición del abogado de Mundó , la letrada que representa a Jordi Cuixart, Marina Roig, pidió dispensa al tribunal para presentar su informe mañana, alegando una indisposición. La petición fue aceptada por el tribunal, que dio la palabra a Riba.

El abogado insistió en destacar que "en el listado de dos mil y pico locales” que fueron centros de votación “no hay ninguno de la Consejería de Justicia". De hecho, recordó, varios altos funcionarios del departamento de Justicia que han declarado en el juicio recibieron la orden directa de Mundó de que no saliera “ni un solo euro para el `procés´”.

El letrado ha puesto su máximo interés en destacar que el exconseller Mundó “nunca ha interferido ni un ápice en el poder judicial", y se ha centrado en rebatir los argumentos que podrían hacerle responsable de un delito de malversación. En ese sentido, insistió en que "todos los funcionarios (que han declarado) dijeron que el acuerdo del 6 de septiembre (para sufragar los gastos del referéndum) era de imposible ejecución" y “no tuvo efectos jurídicos".

Mundó no tenía facultades para la administración de fondos e insistió en que siguiendo paso a paso los requisitos para la disposición de fondos públicos según la Ley de Finanzas, el acusado apenas dio el primer paso “y de forma no completa” procediendo a la autorización de gasto.

Admitiendo que no es necesario que se ejecute el pago de un determinado servicio para que exista un delito de malversación, el abogado insistió, sin embargo, en que sí es imprescindible que se produzcan ciertos pasos que no se dieron. En esa línea, sostuvo que Mundó no tuvo nunca competencias de administración, lo que hace “difícil atribuirle este delito penal”. Además, recordó, Unipost acabó por no prestar el servicio postal para el que fue contratada y “como el servicio no se prestó, no hay delito".

Según Riba, "la fiscalía no ha concretado qué acto realizó el señor Mundó dentro de sus competencias que pudiera haber desobedecido las órdenes del Tribunal Constitucional. Y no lo ha concretado porque no existe".

(SERVIMEDIA)
11 Jun 2019
SGR/ICG/gja