Así se asegura en el Informe Anual 2018 del Defensor, que fue dado a conocer este martes y en el que se incluye un epígrafe titulado 'La neutralidad ideológica en los edificios públicos'.

A este respecto, el Defensor se refiere a que si bien la vigilancia de la neutralidad política de las instituciones requiere "especial cuidado" en períodos electorales, "el deber de respetar no solo la imparcialidad sino también su apariencia subsiste más allá de los procesos electorales que hayan tenido lugar".

Aludía así a las elecciones generales del pasado 28 de abril y las municipales y autonómicas del pasado 26 de mayo. En este sentido, durante la campaña de las generales el Gobierno de la Generalitat que preside Quim Torra fue obligado por la Junta Electoral a retirar los lazos amarillos de las fachadas de los edificios públicos. Pasados los comicios, el mandatario autonómico volvió a colocar una pancarta con un lazo amarillo en el edificio central del Ejecutivo catalán, en la plaza Barcelona de Sant Jaume.

"EXQUISITA NEUTRALIDAD"

En este apartado, el Defensor explica que "diversos ciudadanos" se han quejado "por la instalación de determinada simbología ideológicamente partidista en las fachadas y edificios de distintas administraciones en Cataluña", en referencia a los lazos amarillos y pancartas en apoyo a los dirigentes independentistas procesados en la causa del 'procés'.

El Defensor dice al respecto que comparte "la preocupación de esos ciudadanos por la situación en Cataluña y la necesidad de preservar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el conjunto del Estado de derecho" en Cataluña, al tiempo que demanda "una correcta y adecuada aplicación de sus derechos fundamentales, para que estos no se vean afectados".

La institución que dirige Marugán explica que ya ha hecho diversos emplazamientos a las instituciones catalanas "para que respeten la neutralidad ideológica en las fachadas e interior de los edificios públicos, pues la apariencia de imparcialidad es complemento necesario del deber de las administraciones públicas a que se refieren el artículo 103.1 de la Constitución española y el artículo 30.2 del Estatuto de Cataluña".

Según el Defensor, "las instituciones públicas no deben ser correlatos de los partidos políticos y demás entidades de la sociedad civil (real y legítimamente plurales)". Añade que las instituciones públicas "representan a todos y precisamente por ello -y porque deben no sólo estar, sino también parecer estar, al servicio de todos- han de guardar una exquisita neutralidad, también en el terreno de los símbolos".