Insistió en que lo ocurrido el 1 de octubre de 2017 “no es control mental, esto no es una secta, esto no es derecho penal de la secta", dijo en relación a los votantes del 1-O e hizo una solicitud: "Tenemos que cerrar la puerta a un posible uso autoritario del delito de rebelión".

En el tono irónico que utilizó en muchos momentos de su intervención para desacreditar las “exageraciones” de los testigos de la acusación, el letrado dijo no tener “claro cuándo tuvo lugar el alzamiento". Y se preguntó: "¿Dónde están todos los que participaron en ese supuesto alzamiento público?".

Insistió en poner en duda las tesis de la Fiscalía de que no son necesarias las armas para cometer el delito de rebelión. "Desafección e indignación no son violencia", argumentó el defensor de Junqueras, que recordó algunas declaraciones de guardias civiles, como aquella en la que un grupo de agentes fue increpado por unos mossos, escena que fue acompañada por el aplauso irónico de algunos ciudadanos.

"Votar e incluso declarar la independencia no es delito”, reiteró. “Nuestro sistema no se puede basar en el terror penal", defendió el abogado, que insistió en el "principio de intervención mínima" de la vía penal en el Estado de Derecho.

A su entender, "sólo cabe una interpretación restrictiva de la rebelión". Entrando en el análisis de este tipo penal, Van den Eynde sugirió que "la vara de medir más fácil sería la del estado de sitio", declarado por el Estado en respuesta a un alzamiento que necesariamente debe incluir la violencia. Pero el estado de sitio no se declaró en este caso, dijo.

Pasó entonces a hacer un alegado en favor del talante y actuación pacífica de sus representados. "Nos piden 25 años de prisión, pero los acusados a los que represento reniegan de cualquier forma de violencia. No han encontrado ningún mensaje en el que la promuevan, la amparen o la alienten. Todos los mensajes eran de una jornada de tranquilidad. No existía ningún actor que justificara, tolerara o ejerciera la violencia. La población había hecho bandera de la paz. Era impensable que el 1 de octubre la Policía cargase contra la gente. La violencia está en la antítesis de sus principios”, defendió el letrado.

Admitió, en cambio, que "la gente gritó, insultó; en esa situación los insultos salen de las tripas.... Esa supuesta violencia se puede contar con los dedos de la mano. En los vídeos se ve la magnitud real de los incidentes. Se ve a la gente con los brazos en alto mientras les están pegando", explicó en relación a los incidentes en los centros de votación el 1-O.

Esa jornada, continuó, "tenemos un referéndum suspendido, en que los antidisturbios van a los centros de votación cuando no ha pasado nada". "La Policía no hizo ningún informe de riesgos. Los máximos representantes políticos y policiales no tenían ningún aviso sobre los posibles riesgos. Nadie habló de violencia generalizada". Y en el juicio “muchos guardias civiles exageraron y mintieron. Suerte que tenemos los vídeos", concluyó.