A estas administraciones, el Defensor les ha recordado “la importancia de adoptar medidas eficaces que pongan fin a la actual opacidad en la oferta de alojamiento turístico, que dificulta el control administrativo sobre esta actividad”.

El Defensor recuerda que puso en marcha una actuación de oficio ante la dispersión de las normas tributarias aplicables, y constató “la necesidad de mejorar la seguridad jurídica sobre las obligaciones fiscales a que están sujetos quienes explotan viviendas de uso turístico”.

La memoria anual del Defensor reflexiona sobre los riesgos del alquiler turístico. Afirma que la conversión de viviendas de tipología residencial en viviendas de uso turístico y de concentrarse en una determinada zona, tiene un "efecto de arrastre" sobre el comercio y los servicios, mediante su sustitución por otros, ya no orientados a la población residente, sino a la flotante.

"Este proceso, conocido como 'turistificación', puede a la larga traer consigo que la población residente se desplace a otras zonas, al carecer de los servicios que necesita para su normal residencia, lo que genera una pérdida (que puede ser irreversible) en el tejido social y residencial de las zonas afectadas. Por ello, es necesario que el turismo sea sostenible. El crecimiento desbordado y de las actividades a él ligadas compromete otros bienes y derechos dignos de protección", recalca el informe.