A pesar de que la minoría de edad de la chica era “evidente”, según consta en el informe de la institución, las autoridades ordenaron su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, donde fue trasladada sin haber practicado pruebas que determinaran su edad.

Fue ya en el CIE cuando fue sometida a estas pruebas por orden del juzgado de instrucción encargado del centro de internamiento, que determinaron una edad entre 14 y 15 años. Según el Defensor del Pueblo, este caso es “especialmente grave” y pone en evidencia las irregularidades que se están dando con los migrantes que llegan a Almería.

En base al informe, en esta provincia se ha detectado como “práctica habitual” que la audiencia al extranjero, previa a la decisión judicial relativa al internamiento, se lleve a cabo “sin estar presentes el juez ni el fiscal, según formularios al uso y sin que los letrados que asisten al detenido hagan constar ninguna pregunta o alegación”.

Para el Defensor, el caso de la menor detectada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid “muestra la gravedad de la situación en Almería y la necesidad de corregir con urgencia las deficiencias detectadas”.

Siguiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, los menores extranjeros no acompañados -conocidos como ‘menas’- deben ser trasladados a un centro de menores y en ningún caso ser devueltos a su país de origen.

Además, este caso de Almería no es aislado. Tal y como refleja el informe hecho público este martes, la oficina del Defensor del Pueblo ha recibido “numerosas quejas” sobre los procedimientos de determinación de la edad practicados tanto a extranjeros indocumentados como a otros que sí contaban con documentación acreditativa de su minoría de edad.

“Se ha podido comprobar que persisten los casos en los que no se tienen en cuenta los parámetros y pautas fijadas en el documento de consenso de buenas prácticas entre los institutos de medicina legal de España, cuyo contenido ya ha sido ampliamente referenciado en anteriores informes anuales”, reprocha el informe.

ERRORES EN EL REGISTRO DE ‘MENAS’

Asimismo, el Defensor del Pueblo da cuenta de la “inexactitud de los datos” del Registro Central de Menores Extranjeros no Acompañados, al que pide una “revisión profunda”. Como ejemplo, y según consta en el informe, el Defensor del Pueblo Andaluz contabilizó en su informe anual de 2017 un total de 3.306 nuevos menores extranjeros.

Sin embargo, según la Fiscalía General del Estado, fueron 2.345 los llegados por vía marítima a toda España durante 2017. A 31 de diciembre de ese año, según datos facilitados por la entidad de protección de menores, eran 1.309 los menores extranjeros no acompañados que permanecían en el sistema de protección andaluz. Aun así, según el Registro de Menores, eran 2.209 los acogidos en Andalucía en esa misma fecha.

Otro caso ilustrativo del caos que existe en el registro de ‘menas’ es el de un menor que se había dado a la fuga de un centro de menores de Motril (Granada). Seguía constando como fugado pese a que había sido localizado en Barcelona, donde permaneció a disposición de los servicios de protección catalanes hasta su mayoría de edad.

En este sentido, el Defensor del Pueblo pide una “revisión profunda” del registro al entender que “constituye uno de los instrumentos más eficaces para la protección del interés superior de los menores”.