Así lo denunció su responsable, Pedro A. Martínez Sánchez a través de un comunicado en el que lamentó que la sanidad penitenciaria española, antaño “referente mundial, está a punto de colapsar”.

Entre otras razones, adujo el hecho de que los profesionales sanitarios “no quieren trabajar en las cárceles” como demostraría, a su juicio, que para cubrir las 31 plazas ofertadas en la última convocatoria de empleo solo se presentaron 12 candidatos. A ello hay que añadir que el 90% de los médicos tiene más de 50 años y el 35% está en condiciones de jubilarse “en cualquier momento”.

Martínez Sánchez puntualizó, además, que la población reclusa, integrada por más de 51.000 reos, cuenta con un “elevadísimo” número de drogodependientes personas con enfermedades infectocontagiosas y crónicas, una situación que calificó de “explosiva”.

El representante de CESM defendió que detrás de esta situación está el “incumplimiento de la ley” y, entre otras, se refirió a la Ley de Calidad y Cohesión de 2003 en la que se contempla la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas autonómicos de salud a pesar de lo cual en la actualidad solo Cataluña y País Vasco tienen asumida esta competencia.

El objetivo del sindicato es una sanidad penitenciaria “de calidad que pueda cumplir los estándares de igualdad y equidad del resto del sistema sanitario público”. “Si la administración no interviene de forma inmediata, estamos dispuestos a convocar una huelga indefinida”, insistió, al tiempo que advirtió de que el sector no acepta “más promesas incumplidas” y de que solo le valen “los hechos”.