Según el tribunal, el Consistorio de Manuela Carmena incurrió en una vulneración del derecho fundamental a la intimidad e inviolabilidad del domicilio. El derribo de la infravivienda, donde vivían un padre, una madre y tres menores de seis, cuatro y un año de edad, fue presenciado por el personal de la fundación el 13 de febrero de 2018.

“El derecho a la vivienda está reconocido tanto en la normativa internacional de derechos humanos en los tratados internacionales que España ha ratificado y que forman parte del ordenamiento jurídico interno”, declaró la Fundación Secretariado Gitano.

Para la fundación, este caso “no es un hecho aislado en Cañada Real Galiana”, ya que son “muchas” las familias “desalojadas de manera irregular por diversas administraciones”. Por ello, con la denuncia de este caso, han querido “visibilizar la importancia de reivindicar la defensa de la protección de los derechos básicos de los colectivos más desprotegidos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid revoca así una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid del 12 de junio de 2018.