La decisión se ha tomado por unanimidad de los cinco magistrados: Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio Jesús Fonseca-Herrero.

La razón en la que descansa la decisión es evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían “gravemente afectados” si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan.

La Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debatió este martes la paralización cautelar de la exhumación de los restos de Francisco Franco prevista por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el próximo lunes, 10 de junio. La familia del dictador presentó un recurso en el que alegaba el "daño irreparable" que podría causar la exhumación de no existir sentencia firme, que en caso de serles favorables podrá suponer dos exhumaciones y tres entierros.

El Gobierno aprobó el pasado 15 de marzo la exhumación y traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo y fijó la fecha del 10 de junio para la ejecución del acuerdo. Esta decisión se adoptó ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la familia Franco, que pretendía trasladar al dictador a la cripta de la catedral de La Almudena. El Gobierno rechazó esta opción alegando problemas de seguridad y orden público.

El BOE publicó el pasado 11 de mayo el real decreto por el que el Gobierno se hacía cargo de la titularidad del panteón donde tiene pensado trasladar los restos de Francisco Franco. Se trata del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, que pertenecía a Patrimonio Nacional y que es el lugar donde ya está enterrada su esposa, Carmen Polo.

ARGUMENTOS JURÍDICOS

El tribunal reconoce que en caso de que la exhumación fuera declarada ilegal “nada impediría" devolver los restos al Valle de los Caídos y, por tanto, que no hay una "irreversibilidad material" de la decisión. Sin embargo, los magistrados indican que “la situación que se produciría sería extraordinariamente perjudicial no sólo para los recurrentes sino también para el interés público por las singulares y únicas circunstancias que concurren en este caso".

"El hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si ésta, después, fuere considerada contraria a Derecho", explicita el auto.

Por lo tanto, el Gobierno deberá esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el fondo del asunto y decida si da la razón o no a los nietos del dictador. Para zanjar una posible controversia al respecto, los magistrados dicen en su auto que piensan dar prioridad al caso y se comprometen a resolver con rapidez el recurso, dado que tras la decisión de Gobierno “está también presente el interés general". El TS asegura que no hay motivos para no resolver esta asunto en un plazo “razonable”.

Uno de los miembros del tribunal que debe decidir, José Luis Requero, está bajo la lupa de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica que ha denunciado su relación con el abogado Santiago Milans del Bosch, "estrecho colaborador de la fundación Franco y cuyo bufete defiende intereses de la familia del dictador". La queja ha llegado hasta el Consejo General del Poder Judicial al que advierten de que la imparcialidad del tribunal podría estar comprometida.