Moreno entiende que todos los acusados eran conscientes de que era seguro que iba a haber enfrentamientos, por lo que no estamos ante un “dolo eventual”, sino que “con tal de no privarme del referéndum acepto el enfrentamiento; es un dolo directo: para que no se aborte el referéndum, bien desconvocándolo o bien por las fuerzas de seguridad, me enfrentaré”, afirmó.

El representante del ministerio público comenzó su intervención estableciendo que “el derecho al voto tiene límites”, como todos los derechos, y defendió que “el uso de la fuerza resulta legítimo, legal y necesario, como forma de dar cumplimiento a la orden judicial" de impedir el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Según la Fiscalía, "no se puede negar que hubo violencia. Agentes que salieron a pedradas, coches vandalizados... Hubo una clara conducta violenta, patadas en la cabeza, incluso en los testículos. Hay informes médicos que muestran la violencia física contra los agentes".

Moreno sostiene que hubo violencia y que ésta fue la suficiente y necesaria para lograr el objetivo de celebrar el referéndum. Esa violencia “necesaria se plasmó en tres momentos: el 1-O poniendo a 6.000 agentes frente a ciudadanos, y en dos momentos previos: evitar la investigación de un juez, como el día 19 y 20-S, y hostigar e intimidar a las fuerzas de seguridad del Estado, que era quien debía cumplir la ley". A su entender, "no se puede disfrazar de protesta esos actos" que entiende como la violencia necesaria para cumplir el objetivo.

En consecuencia, "el 1-O se celebró porque se pidió a la gente que se pusiese en actitud intimidante ante las escuelas. La resistencia pasiva se volvió activa" y, por tanto, “la violencia del 1-O fue la necesaria, ni más ni menos, y la que se utilizó no fue nada desdeñable" para “cruzar determinados peldaños en la hoja de ruta”. A diferencia de la consulta del 9-N, agregó, en esta ocasión el Estado intervino “a través del Poder Judicial".

El fiscal se preguntó si los responsables políticos que hoy se sientan en el banquillo sabían que podía haber enfrentamientos y pese a ello siguieron alentando a ir a votar. En este punto, Moreno se apoyó en la declaración del entonces mayor de los Mossos, Ferran López, quien dijo al tribunal que “advertimos de un escenario que se quiso transitar".

Señaló que los Mossos realizaban "informes diarios de los riesgos" relacionados con la celebración del referéndum sobre el 1-O y destacó las advertencias que se hicieron al Govern en los días previos al referéndum por la cúpula del cuerpo policial autonómico, que llegó a advertir de que los CDR "podrían llevar a cabo práctica combativa", a través de informes de la Comisaría de Información de los Mossos.

La Fiscalía trata de demostrar que el Govern era consciente de que podían producirse situaciones de violencia durante el referéndum. Para ello, se apoyó en unas declaraciones de Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos, que, “en una frase lapidaria, dijo 'espero que el domingo no haya una desgracia que tengamos que lamentar'". "Se refería a que de ese enfrentamiento se derivara un resultado fatal que afortunadamente no se derivó. Pero hubo enfrentamiento. Y Puigdemont respondió que si había violencia declararía la independencia", aseguró.