Según denunció este viernes la comisión en una nota, 34 empresas y Anele coordinaron políticas y condiciones comerciales en el marco de un Código de Conducta para las empresas del sector.

Además, la CMNC ha puesto fin al pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital, alcanzado entre la asociación de editores y diez editoriales. El conjunto de las sanciones económicas asciende a 34 millones de euros.

Competencia subraya que las familias de los escolares “no seleccionan el producto en función del precio, ya que están obligados a adquirir los libros de texto que se prescriban en el centro educativo donde asisten sus hijos”.

Además, habla de etapas donde los libros tienen “precio fijo”, como educación infantil, bachillerato y FP y que la regulación de los contenidos “muy clara y determinante” y que los centros tienen “la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos cuatro años”.

Esta multa tiene su origen, recalca la nota, en una denuncia realizada por la Editorial Vicen Vives, que puso en conocimiento estas “conductas ilícitas” que según la CNMC son “muy graves”.

Competencia agrega que “bajo el paraguas” del código de conducta de las editoriales se creó una “comisión de supervisión” que controlaba las desviaciones del acuerdo. “Ha quedado acreditada la existencia de métodos de castigo a las editoriales que no cumplían los acuerdos, aunque voluntariamente no se hubieran adherido al Código de conducta”, explica la comisión.

PRESIONES

Esas presiones llegaron al punto de que “Anele envió cartas a competidores y a centros educativos, incluyendo amenazas de denuncias” y otras medidas de “presión”, como las que según la CMNC sufrió Edelvives, “hasta que se unió a los acuerdos, y se presentaron demandas de competencia desleal contra Vicen Vives”.

Las 33 empresas implicadas, según la nota de Competencia, pertenecerían a los grupos Edelvives (tres), Anaya (seis), SM (seis), Santillana (siete) y Bromera (dos), además de Ediciones bilingües, Edebé, Editex, Ediciones Laberinto, McMilan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación y Teide.

“A todas ellas hay que añadir la responsabilidad que recae sobre la asociación Anele”, indicó la Comisión de la Competencia, que también dice haber comprobado “un descenso” en el material de TIC que Anele entrega a las aulas, entre 2010 y el curso 2017/2018, “sin que ello se haya traducido en bajadas de precios de los libros de texto”.

Por todo ello, las multas impuestas ascienden a 180.000 euros a Anele y un total de 32,2 millones a las 33 editoriales. En el desglose de empresas, Santillana Educación SL (con más de 8,6 millones de euros), Comercial Grupo Anaya (con 6,8 millones) y Comercial de Ediciones SM (con 5,2 millones), son las multadas con mayor cuantía. El millón y medio de multa restante (hasta los 34 millones) son relativas al pacto para la comercialización del libro digital.