Así lo establece el Banco de España en el procedimiento lanzado este viernes para que las empresas e instituciones interesadas presenten candidatura, con documentación acreditativa de sus capacidades, que el organismo evaluará a fin de elaborar un listado de títulos y certificaciones oficial.

La exigencia de formar adecuadamente al personal que otorga hipotecas se estableció en la ley de contratos de crédito inmobiliario o también conocida como reforma hipotecaria, que entrará en vigor el próximo 16 de junio, donde obliga a efectuar una evaluación “en profundidad” de la solvencia del cliente para evitar los excesos.

El Ministerio de Economía fijó los conocimientos y competencias que deben reunir quienes concedan dicha financiación, junto a las materias y formación a cursar en una orden ministerial, y mandató al organismo supervisor para determinar qué empresas son competentes para impartir los cursos y certificar sus capacidades.

El procedimiento deja claro desde el principio que “en ningún caso” podrán ejercer la actividad de formación y certificación la misma entidad o empresa, e impone a los interesados disponer de una política de conflictos de interés que asegure su independencia frente a las entidades financieras.

La exigencia de formación no se agota en la banca y será requisito necesario para cualquier persona que comercialice préstamos inmobiliarios, sean intermediarios de crédito o, incluso, representantes designados por ellos o los prestamistas.

Los interesados en figurar en dicho listado oficial, que el Banco de España divulgará en su web, tendrán que acreditar en su candidatura que poseen los medios técnicos y humanos necesarios y detallar la formación que proponen, con el correspondiente desglose de materias, horas comprendidas en el curso y procedimiento para examinar a los alumnos.

El estudio del Banco de España impone identificar además a las empresas que expedirán la certificación detallar su forma societaria y accionariado, junto a sus posibles vinculaciones “técnica, financiera, comercial o de cualquier otra índole” con organizaciones y entidades, sobre todo si son financieras o especialistas en formación para verificar su independencia.