En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación en funciones y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, dijo que el Gobierno considera que esta cuestión es un despropósito, primero por “desconocer” el reparto de poderes en una “democracia consolidada” como la española, donde la situación de estos presos depende del poder judicial y no del ejecutivo.

Según explicó Celaá, el Gobierno ha solicitado “la revisión de la opinión de este grupo, por los errores y distorsiones que contiene” y alegando "conflicto de intereses” por la relación de dos de los cinco ponentes del informe con un letrado próximo a los independentistas.